La libertad de expresión es un derecho inalienable del ser humano y como tal debe ser protegido. Sin embargo, el abuso de esa libertad pone en peligro la integridad física y moral de ciertos grupos sociales. En la red, son cada vez más los sitios controlados por grupos extremistas que promueven el odio y difunden ideologías racistas, entorpeciendo de esta forma la integración de una sociedad pluricultural basada en la tolerancia y el respeto.

Internet: la nueva era de las comunicaciones
El surgimiento de la red transformó radicalmente las comunicaciones. Debido a su bajo costo y fácil acceso, Internet representa una nueva herramienta informativa donde el tiempo y la distancia son intrascendentes. La información está disponible las 24 horas del día y desde cualquier lugar del planeta. De hecho, ha convertido a cada usuario en un verdadero editor, ya que nunca fue tan fácil difundir ideas a audiencias masivas.
Anteriormente, las organizaciones racistas y neo-nazis trabajaban aisladamente y debían hacer grandes esfuerzos para entablar relaciones con personas que compartieran sus ideas. En la actualidad, con las ventajas que ofrece la red, los fanáticos entran en contacto fácilmente con cientos de extremistas, con los que comparten puntos de vista y refuerzan sus convicciones. Por este medio han logrado incrementar su influencia y reclutar un mayor número de jóvenes.
En contrapartida, también es fácil encontrar sitios de grupos y organizaciones que combaten toda forma de discriminación y luchan por la vigencia de los derechos humanos. La página de la Liga Antidifamación (www.adl.org) es un importante punto de partida para informarse de los esfuerzos realizados en esta materia.

Acciones internacionales
La preocupación internacional sobre el tema ha provocado que diversos gobiernos se hayan abocado a reglamentar el uso de la red, así como de ejercer acción legal en contra de aquellos que difunden material que promueve el odio. La dificultad a la que se enfrentan es el determinar la jurisdicción a la que se someterían los que violen las normas y equilibrar la libertad de expresión con la protección de la dignidad humana.
Entre los antecedentes del combate a la intolerancia, se encuentra la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial adoptada por las Naciones Unidas en 1965. Ésta define la discriminación racial como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color u origen, que tenga por objeto anular o dañar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, ya sea en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otro”.
Dicha Convención obliga a los Estados firmantes a tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir prácticas racistas. No obstante, cada nación tiene su propio criterio para aplicar el tratado en lo relativo al uso de Internet. Debido a lo anterior, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha instado a los países parte a establecer bases internacionales de cooperación internacional para regular la materia, así como a la creación de códigos de conducta comunes con el fin de lograr una solución conjunta ante el creciente problema de la proliferación de odio den la red.
En el caso de Estados Unidos, a pesar de que cuenta con estrictas leyes locales que sancionan la discriminación en todas sus formas y la agresión derivada de ella, la difusión del odio en Internet se ve respaldada por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, la cual confiere el absoluto derecho a la libertad de expresión, teniendo como única limitación el que el mensaje incite directamente a la violencia, lo cual es difícil de alegar y comprobar.
En la Unión Europea, la libertad de expresión es reconocida, pero ésta debe estar acompañada por una serie de responsabilidades y deberes que incluyen la restricción al material con contenido que incite al odio. Al respecto, se cuenta con instrumentos legales que regulan el contenido de las páginas de Internet, y se ha creado un sistema de cooperación entre las autoridades y las compañías prestadoras del servicio de Internet para localizar los sitios que vulneren la seguridad de los ciudadanos por medio de discriminación, exaltación a la violencia o negación de crímenes perpetrados en contra de la humanidad. Lo anterior se basa en el argumento de que ‘lo que es ilegal fuera de la red, lo es también dentro de ella’.
Entre las acciones concretas para contrarrestar este fenómeno, se encuentran las medidas adoptadas por el Reino Unido en marzo de 2001, mediante las cuales se establece que las normas referentes al odio racial debían ser aplicadas a las actividades de la red y sometidas a su jurisdicción. En esta línea, el gobierno colabora con la Fundación de Vigilancia de Internet (Internet Watch Foundation) en un servicio en el cual se reporta cualquier tipo de material agresivo. Así mismo, ha reformado importantes aspectos de la legislación referente a discriminación racial, aumentando la severidad de las penas y tipificando las faltas de una manera más concreta. Se ha comprometido, además, a desarrollar una estrategia más eficaz para terminar con el odio que se difunde a través de la red, regulando y vigilando el contenido de los sitios. Para ello, trabaja en conjunto con el Servicio de Inteligencia Nacional sobre el Crimen (National Criminal Intelligence Service), el Servicio de Persecución de Delitos de la Corona (Crown Prosecution Service), la Fundación de Vigilancia de Internet así como con los distintos proveedores de servicios de Internet.
Debido a sus antecedentes históricos, Alemania es una de las naciones que ha realizado mayores esfuerzos para ejercer un papel activo en la lucha contra la discriminación en los sitios de la red. A través de su legislación, que prohíbe el uso de insignias nazis y la difusión de ideas racistas, ha logrado bloquear páginas de grupos neo-nazis que promueven la negación del Holocausto y capturar a ciertos integrantes de estas organizaciones. Sin embargo, conforme estas acciones son implementadas, los grupos van cambiando de proveedores a otras naciones para evadir así a la justicia alemana.
Otros países se han sumado a esta lucha. En marzo del 2002, tras haber estudiado el caso en la Corte, la justicia sueca decidió suspender el sitio del periódico Aftonbladet por abrir el espacio para la publicación de comentarios antisemitas por parte del público. De igual forma, un tribunal francés decidió, en noviembre del 2000, sancionar al sitio Yahoo Francia obligándolo a descontinuar la venta de artículos nazis. Esta decisión sirvió como precedente para que la Corte estadounidense tomara la misma medida contra el sitio de eBay.
Mediante la legislación contra el racismo de Suiza se han procesado a varias personas relacionadas con la difusión de ideas de superioridad racial y se ha bloqueado la entrada a sus sitios en Internet. Por su parte, la justicia noruega ha sentado un importante precedente al sentenciar a Tore W. Tvedt, fundador de un grupo racista, por presentar en su página material agresivo contra minorías étnicas. En este caso se decidió proceder a pesar de que la página no utilizaba un servidor noruego.
Los tribunales australianos, a su vez, condenaron a Frederik Toben por difundir por medio de la red una campaña de negación del Holocausto. Sin embargo, el acusado se negó a sustraer el material ofensivo de su sitio y decidió buscar asilo en otros países, desde donde continúa promoviendo sus ideas.

Conclusiones
Es un hecho que la red es un espacio al que los grupos extremistas tienen fácil acceso, el cual han utilizado para alentar los prejuicios, instar a la xenofobia, difundir sus ideas racistas y animar a la violencia. A pesar de que se han tomado mediadas en varios países reconociendo el peligro que representa, no se ha logrado un consenso entre las naciones.
Entre los obstáculos a los cuales se enfrenta la creación de una política conjunta se encuentra, en primer término, el lograr el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección a los derechos humanos, y a la necesidad de establecer la jurisdicción apropiada para resolver los conflictos que se presenten, evitando así que los promotores del odio tengan la oportunidad de evadir la justicia de un país, encontrando refugio en otro donde no sean sancionados.

Bibliografía

Anti–Defamation League. Poisoning the Web: Hatred Online. ADL, Estados Unidos, 1999.
Whine, Michael. Far right extremists on the Internet. Estados Unidos, 2000.
Whine, Michael. Legal Responses: Regulating Cyberspace. Revista Justice. The International Association of Jewish Lawyers and Jurists. Israel, 2002.