Un juez federal argentino ordenó el pasado 26 de junio que los 10 sospechosos iraníes y libaneses acusados de ser responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 sean juzgados en ausencia, lo que permitirá que el caso avance tras tres décadas de estancamiento legal.
La decisión del juez es en respuesta a una demanda presentada por los familiares de las víctimas del atentado terrorista – que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos- que solicitó que se aplique la nueva ley argentina de “juicio en ausencia” en la causa AMIA.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el atentado cometido el 18 de julio de 1994 fue ejecutado por la organización de origen libanés Hezbolá y fue planeado desde un año antes en Irán, con la participación de las más altas autoridades del Estado.
Los acusados que serán juzgados son los iraníes Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia y Seguridad; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución; Ahmad Vahidi, excomandante de Al Quds; Hadi Soleimanpour, exembajador en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, exsecretario de la misma embajada; Mohsen Rabbani, exconsejero Cultural de la embajada y los tres libaneses, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, quienes habrían integrado o colaborado con Hezbolá.
Al respecto, Rafecas señaló que juzgar a los sospechosos en ausencia permitirá a los tribunales “por lo menos intentar descubrir la verdad y reconstruir lo sucedido que es fundamental para evitar que se perpetúe la impunidad”.
Es importante recordar que la modalidad del juicio en ausencia que se aplicará en esta causa fue aprobada por el Congreso argentino hace apenas cuatro meses para casos de delitos graves y bajo determinadas circunstancias y el juez Rafecas consideró que “la notificación por edictos, complementada por las alertas rojas de Interpol, los exhortos librados y la notoriedad internacional de este caso, satisfacen los parámetros exigidos para habilitar la celebración de un juicio de este tipo”.
